Hallazgo de Presunta Granada con Nota Extorsiva en Exteriores del PJ Callao Genera Alerta y Reafirma Compromiso Judicial
Este 31 de agosto de 2026, la sede judicial Dos de Mayo de la Corte Superior de Justicia del Callao, ubicada en la avenida 2 de Mayo, fue escenario de un incidente que generó alarma. Un trabajador que ingresaba al establecimiento advirtió la presencia de una bolsa en la vereda, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades. Dentro de la bolsa, se encontró una presunta granada tipo piña junto con un manuscrito, según reportes preliminares de la Policía Nacional.
Detalles del Hallazgo y la Intervención Policial
El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:35 a.m. Agentes de la Comisaría del Callao acudieron al lugar para aislar la zona y comunicaron el hecho a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional. A las 8:26 a.m., personal especializado de la UDEX llegó para verificar el objeto, ejecutar el procedimiento correspondiente y, finalmente, desactivar el artefacto explosivo. La intervención se realizó en conjunto con representantes del Ministerio Público, quienes participan en las diligencias para investigar las circunstancias del hecho. Como medida de seguridad, se restringió temporalmente el tránsito en parte de la avenida 2 de Mayo, aunque la zona ya se encuentra liberada.
Medidas de Seguridad y Reacciones Institucionales
La Corte Superior de Justicia del Callao informó que, gracias a la rápida intervención policial y la activación de sus protocolos de emergencia, no se registraron personas heridas ni daños materiales en la infraestructura. El área fue inspeccionada en su totalidad y quedó fuera de peligro. Ante el incidente, la Corte dispuso que los magistrados y servidores de la sede judicial realicen teletrabajo durante el 31 de agosto, mientras culminaban las acciones de seguridad. Se comunicó que las labores presenciales y la atención al público se reanudarán con normalidad el 1 de septiembre, en el horario habitual.
En un pronunciamiento oficial, la Corte Superior de Justicia del Callao y el Poder Judicial expresaron su enérgico rechazo a «todo acto de amedrentamiento o intimidación» que pretenda perturbar el normal funcionamiento de la justicia. Ambas instituciones reafirmaron que ninguna amenaza desviará su labor constitucional de administrar justicia y pusieron a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional todo el material probatorio necesario para contribuir con la identificación y sanción de los responsables.
El Mensaje Extorsivo: Amenazas y Cuestionamientos a la Justicia
La nota manuscrita encontrada junto a la granada estaba dirigida a los magistrados. En el documento, los autores cuestionan lo que califican como una «coerción y benevolencia tan selectiva» hacia determinados internos. Se mencionan nombres y alias de personas privadas de libertad, incluyendo a Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”; Walter Sosa Espinoza, alias “Gordo”; y José Carlos Rodríguez Fernández, alias “Chom”, así como otros internos presuntamente recluidos en los penales de Juliaca y Cañete. El escrito también hace referencia a supuestos casos de muertes y extorsiones en el Callao, cuestionando los privilegios que recibirían algunos reclusos y señalando una presunta complicidad de personas vinculadas al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Los autores advierten que, de continuar lo que consideran un «régimen tan blando», podrían producirse nuevas acciones en distintos barrios.
Investigaciones en Curso y Contexto de Seguridad
Las diligencias fiscales y policiales, a cargo de unidades como la Depincri Callao y la Depcri Callao, continúan para establecer las circunstancias en las que fue dejado el artefacto, determinar la identidad de quienes elaboraron o dejaron el manuscrito, y establecer si el hallazgo guarda relación con alguna amenaza dirigida contra la sede judicial. Como parte de las investigaciones, se contempla la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento. Hasta el momento, no se han informado sobre personas detenidas por este hecho.
Este incidente ocurre en un contexto donde Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao permanecen bajo estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario, una medida dispuesta por el Gobierno para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia, manteniendo el patrullaje conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las calles.
