La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Catherin Palomino, aprobó este martes 20 de octubre la derogación parcial de la Ley N° 32130, que otorgaba facultades a la Policía Nacional (PNP) en la investigación preliminar, y la Ley N° 32735, relacionada con el delito de función de militares y policías. Estas decisiones buscan redefinir el equilibrio de competencias en el sistema de justicia penal y militar.

Decisiones Clave de la Comisión de Justicia

En una sesión celebrada el 20 de octubre de 2026, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dio luz verde a dos dictámenes cruciales. El primero, aprobado por 12 votos a favor y 7 en contra, corresponde al texto sustitutorio que propone derogar parcialmente la Ley N° 32130. Esta norma, promulgada en octubre de 2024, permitía a la PNP realizar investigaciones preliminares de delitos, limitando las competencias del Ministerio Público. Aunque el Tribunal Constitucional en agosto de 2025 declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, ratificó que la labor policial debe darse siempre bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.

El segundo dictamen aprobado, también por 12 votos a favor y 7 en contra, propone derogar parcialmente la Ley N° 32735. Esta ley precisaba el delito de función de militares y policías, disponiendo el archivamiento de casos penales vistos por el fuero militar policial cuando los hechos y sujetos investigados o procesados fueran los mismos. La iniciativa busca resolver el “debilitamiento” de la garantía del juez natural y el consiguiente riesgo de impunidad generados por la norma, que amplió el concepto de “delito de función” y estableció la preferencia de la jurisdicción militar policial para resolver contiendas de competencia.

Durante el debate, se registró un altercado entre la diputada Karina Beteta y la presidenta de la comisión, Catherin Palomino, por supuestamente recortarle el uso de la palabra. Finalmente, la comisión acordó conformar una mesa técnica para continuar el debate del predictamen que propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal en materia de suspensión del plazo de prescripción, conocida como la “Ley Soto”.

Implicancias de las Derogaciones Legislativas

La derogación parcial de la Ley N° 32130 representa un esfuerzo por reafirmar el rol del Ministerio Público como titular de la acción penal y conductor jurídico de la investigación preliminar, a pesar de la ratificación de las competencias de la PNP por parte del Tribunal Constitucional. Esta medida busca clarificar y fortalecer la cadena de mando en las etapas iniciales de la investigación criminal.

Por otro lado, la derogación parcial de la Ley N° 32735 tiene como objetivo principal salvaguardar la garantía del juez natural y prevenir la impunidad. Al revertir parcialmente las modificaciones de esta norma, se busca limitar la ampliación del concepto de “delito de función” y la preferencia de la jurisdicción militar policial, asegurando que los casos sean resueltos por la jurisdicción ordinaria cuando corresponda, evitando así el riesgo de que delitos comunes sean archivados o juzgados en un fuero especializado que no les compete.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál fue el principal objetivo de la derogación parcial de la Ley N° 32130?

El principal objetivo fue revertir las facultades otorgadas a la Policía Nacional (PNP) en la investigación preliminar que limitaban las competencias del Ministerio Público, buscando reafirmar el rol de este último como titular de la acción penal y conductor jurídico de la investigación.

¿Qué problema buscaba resolver la derogación parcial de la Ley N° 32735?

La derogación parcial de la Ley N° 32735 buscaba resolver el “debilitamiento” de la garantía del juez natural y el riesgo de impunidad generados por la norma, que amplió el concepto de “delito de función” y estableció la preferencia de la jurisdicción militar policial para resolver contiendas de competencia.