Denuncias Constitucionales contra el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez

El Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, ha sido objeto de dos denuncias constitucionales ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Las denuncias fueron presentadas por la senadora Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, del grupo parlamentario Ahora Nación, y la diputada Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú. Ambas legisladoras solicitan la destitución e inhabilitación de Gutiérrez para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, alegando infracciones a la Constitución Política del Perú.

El Primer Cargo: Declaraciones sobre la Disolución del Congreso

El principal fundamento de las denuncias radica en las declaraciones públicas realizadas por Josué Gutiérrez el 27 de agosto de 2026. En entrevistas a medios de comunicación, el Defensor del Pueblo planteó un escenario hipotético en el que la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso, afirmando que esto podría incrementar su popularidad entre 20 y 30 puntos, o incluso superar el 80% de respaldo ciudadano. Gutiérrez también hizo referencia al cierre del Congreso de 1992 y sugirió que una eventual disolución implicaría un ahorro anual de S/3.000 millones, además de señalar que el Parlamento “no tiene razón de ser”.

Estas expresiones, según las denunciantes, no constituyen una mera descripción de un escenario hipotético, sino una valoración favorable a la supresión del Congreso. Para la senadora Vásquez, estas declaraciones relativizan el principio de separación de poderes y los límites constitucionales al ejercicio del Poder Ejecutivo. La diputada Márquez sostiene que vulneran el deber de respetar y defender la Constitución (artículo 38), así como los principios de separación de poderes y ejercicio limitado del poder estatal (artículos 43 y 45). Las declaraciones se produjeron en un contexto político específico, con el nuevo Congreso bicameral iniciando funciones y el Poder Ejecutivo gestionando un pedido de facultades legislativas.

Otros Cargos Formulados por la Senadora Mirtha Vásquez

La denuncia de la senadora Mirtha Vásquez no se limita a las declaraciones sobre la disolución del Congreso, sino que abarca otras actuaciones de Josué Gutiérrez en su gestión como Defensor del Pueblo:

Actuación frente a las Protestas Sociales y Derechos Humanos

Se imputa a Gutiérrez un incumplimiento sostenido del mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales frente a graves violaciones de derechos humanos. La denuncia señala un acompañamiento y seguimiento institucional insuficiente respecto de las víctimas de las protestas sociales de 2022-2023 y 2025. Asimismo, se cuestiona su intervención como amicus curiae en el proceso promovido a favor de Daniel Urresti Elera, donde habría cuestionado estándares vinculados con la calificación de crímenes de lesa humanidad y la prescripción, lo que se considera contradictorio con el deber de la Defensoría de evitar la impunidad.

Cuestionamientos por Extinción de Dominio

Otro cargo se refiere a la promoción de una demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de extinción de dominio. La denuncia destaca que esta acción se realizó pese a que dicho régimen era aplicado simultáneamente en un proceso que involucraba a una empresa representada por Sara Gutiérrez Cóndor, hermana del Defensor del Pueblo. Se alega que no se acreditaron los mecanismos institucionales de prevención, transparencia, evaluación o apartamiento exigibles para gestionar un conflicto de interés, cuando menos aparente o potencial.

La Polémica por la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas

Finalmente, se cuestiona el ejercicio de las atribuciones institucionales de la Defensoría del Pueblo de manera incompatible con su deber especial de protección de los derechos de los pueblos indígenas. La denuncia menciona una respuesta insuficiente frente a medidas que comprometían sus derechos colectivos y, particularmente, la organización de la “Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas” en noviembre de 2024. La representatividad de este espacio fue cuestionada por importantes organizaciones indígenas, quienes advirtieron que podía generar una representación paralela y dividir al movimiento indígena.

Artículos Constitucionales Presuntamente Infringidos y Sanciones Solicitadas

Las denuncias sostienen que los hechos descritos configuran infracciones de diversos artículos de la Constitución Política del Perú, incluyendo los artículos 2, inciso 19; 38; 39; 43; 44; 45; 55; 89; 134; 161 y 162, así como su Cuarta Disposición Final y Transitoria. Ambas legisladoras solicitan que la Comisión de Acusaciones Constitucionales admita a trámite las denuncias, determine la responsabilidad del acusado y que el informe final proponga la acusación, destitución e inhabilitación de Josué Manuel Gutiérrez Cóndor para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Cabe señalar que, posteriormente a sus declaraciones, el Defensor del Pueblo ofreció disculpas, indicando que se trató de un “hipotético relacionamiento de un escenario que no queremos como democracia”.